Ospina y los mandatarios locales de Ibagué, Riohacha y Valledupar, serán investigados según indicó la Procuraduría General de la Nación.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra Ospina y los alcaldes de Ibagué, Riohacha y Valledupar, por posible omisión de funciones.
Según se indicó, los casos estarían relacionados con la atención que se debe brindar a las personas privadas de la libertad que se encuentran en las estaciones de Policía y unidades de reacción inmediata, URI, ubicadas en esas capitales.
“Las investigaciones fueron iniciadas a partir de un informe con fines disciplinarios rendido por la Delegada para la Protección de los Derechos Humanos, luego de efectuar múltiples visitas a los centros de detención de esas ciudades”, informó este jueves el Ministerio Público en un comunicado de prensa.
En el mismo se explica que, con respecto al caso del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, el órgano de control le abrió investigación disciplinaria tras encontrar un hacinamiento del 477 % en las estaciones de Policía ubicadas en la capital del Valle del Cauca.
“Además, se detectó que las personas privadas de la libertad enfrentan problemas para recibir sus alimentos, así como presentan enfermedades en la piel y tienen dificultades para recibir sus visitas”, agregó la Procuraduría General.
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Situación en Ibagué
Con relación al mandatario de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, la investigación se abrió al evidenciar que al 8 de marzo pasado los centros de detención transitorios de la capital del Tolima registraban una ocupación de 512 detenidos con un nivel de hacinamiento del 731 %, ya que la capacidad máxima de esos establecimientos es de 70 personas.
En esa misma ciudad, explicó el comunicado, gracias a una acción de tutela instaurada por el Ministerio Público, se logró que se ordenara la remodelación de la Estación de Policía Permanente Central, donde permanecían 372 personas en difíciles condiciones.
Así mismo, la entidad señaló que se investigará al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, dado que en los centros de detención transitorios de esa ciudad se encontró un hacinamiento del 242 %, puesto que, a pesar de contar con solo 50 cupos, al 8 de marzo pasado permanecían en el lugar un total de 121 personas.
Panorama preocupante
De igual forma, el organismo de control detectó en las distintas estaciones de la capital de La Guajira problemas para identificar a las personas privadas de la libertad y efectuar su posterior remisión a los establecimientos de reclusión.
Finalmente, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el mandatario de Villavicencio, Mello Castro González, luego de evidenciar un hacinamiento del 930 % en la Estación de Policía La Permanente, donde se encontraron 558 personas detenidas, pese a que las instalaciones solo tienen cupo para 60.
Además se identificó que “no cuentan con un lugar adecuado para recibir visitas y los agentes deben prestar sus celulares y planes de datos para que los detenidos puedan conectarse a sus audiencias judiciales”.
Las pruebas
Entre otras pruebas, de acuerdo con la información brindada, el órgano de control solicitó a los alcaldes de estas ciudades relacionar las medidas adoptadas desde que asumieron sus cargos y si se han realizado mesas de trabajo para abordar esa problemática, así como señalar los compromisos adquiridos y el grado de cumplimiento de los mismos.
Con la apertura de estas investigaciones, el Ministerio Público, a cargo de Margarita Cabello Blanco, busca establecer si en el periodo constitucional de los citados mandatarios se ha dado cumplimiento a las obligaciones legales que tienen esos entes territoriales.
De manera específica, se explicó, ellos deben crear, dirigir, organizar, administrar, sostener y vigilar las cárceles o centros de detención preventiva, mediante la asignación de recursos, entre otros.
Según indicó el organismo de control, los funcionarios podrán ser escuchados en versión libre con respecto a este tema, si así lo solicitan.
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