La Ley de Sometimiento es otro de los proyectos que será entregado al parlamento colombiano de las manos de Néstor Ozuna, Ministro de Justicia.
Esta ley va dirigida especialmente a las bandas criminales con ningún estatus político que no están cobijados en el proyecto de paz total sancionado inicialmente por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
El jefe de la cartera de Justicia explicó que, este es un compendio de artículos que ofrece el gobierno a las bandas criminales para que se acojan a la justicia y restauren a las víctimas, con la finalidad de obtener varios beneficios.
Así como las otras reformas y leyes propuestas por este Gobierno, ésta ha sido objeto de controversia. Es por ello, que hoy le explicamos detalles sobre lo que implicaría este articulado, de ser aprobado en el Congreso para pasar finalmente a sanción por parte del presidente Petro.
¿Quiénes entran en esta propuesta?
El documento señala que este proyecto va dirigido a “grupos que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen, pero que no tengan ningún carácter político”. Igualmente, asegura que la red sea plural y tenga una estructura jerárquica.
En el aire quedaría la segunda Marquetalia, pues el ministro Osuna aseguró que el presidente decidirá si también les beneficia este nuevo proyecto. Mientras que el Clan del Golfo, Sierra Nevada y Oficinas entrarían en la ley.
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¿Cuál va a ser el compromiso?
Al acogerse a la propuesta del Gobierno, estas bandas criminales deberán entregar información sobre su organización, desmantelar la misma, reparación a las víctimas, aportar a la verdad y entregar bienes de la organización.
Cabe resaltar que los bienes entregados entraran directamente a extinción de dominio. No obstante, los integrantes de estas bandas podrán mantener hasta un 6 % de ese patrimonio ilícito para sus familias, según manifiesta el documento.
¿Cómo se va a operar?
De acuerdo con el documento, este proceso está conformado por tres fases.
La primera fase iniciará con el Presidente de la República, quien a través del Alto Comisionado para la Paz harán los preacuerdos con las bandas criminales que deseen acogerse a los beneficios.
Acto seguido, empieza una fase de investigación, procesamiento e imputación de los crímenes cometidos.
En este punto, el ministro aseguró que existirán dos candados para evitar colados: el primero conformado por el Alto Comisionado, inteligencia policial, inteligencia militar, Dirección Nacional de Inteligencia.
Estos tendrán un plazo de tres meses para contrastar la información entregada y los integrantes. También tienen la facultad de excluir personas que consideren no hacer parte de la banda.
El segundo está conformado por la Fiscalía, cuya función será verificar que hacen parte de la organización que aseguran, entregando bienes, modus operandi y evitando colados en el proceso.
Finalmente, serán los jueces que imputen los delitos señalados a cada uno de los integrantes de estas bandas criminales para cumplir sus condenas en centros carcelarios.
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¿Cómo será el tema de las condenas?
Según expresó el funcionario, existirán dos etapas en las condenas para quienes se acojan a este proyecto: Inicialmente, es un periodo en las cárceles ordinarias del país de seis a ocho años, sin beneficios y reducciones, según los delitos imputados.
Después, tendrán cuatro años obligatorios de justicia restaurativa. Este periodo será una libertad condicionada para realizar actividades de restauración a las víctimas y de reinserción a la sociedad.
¿Cuánto promete durar el proceso?
Según lo aseguró Néstor Osuna, este proyecto tiene una duración de dos años para que las bandas criminales decidan acogerse a la justicia y al desmantelamiento de la banda criminal a la que pertenecen.
El documento señala que esta ley busca establecer "mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones”.
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