Indemnizarán a los presos de Cali por hacinamiento


Sí, así como lo lee, los presos de la Cárcel de Villahermosa recibirán una indemnización total de $27.604 por mes que lleven recluidos dentro del centro penitenciario, cifra que corresponde a un salario mínimo diario legal vigente.

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Así lo determinó en primera instancia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca a través de una sentencia que argumenta que a los presos que hay en este centro penitenciario se les han vulnerado sus derechos, pues aunque solo tiene capacidad para albergar a 2.046 personas, actualmente hay 5.974 internos.
Sin embargo, el Consejo de Estado analiza el fallo y de ser ratificado, se abriría la puerta a una avalancha de demandas.

 

La cárcel de 'Villa', una de las más llenas 
La cárcel Villahermosa de Cali, protagonista del fallo, mantiene una alarmante sobrepoblación. Por cada cupo hay tres reclusos. Por otro lado, en materia de hacinamiento la cárcel de la capital del Valle no es la primera del país.

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Hay otras con mayores problemas, como la de Riohacha (La Guajira) y Andes (Antioquia), donde hay cuatro personas por cada cupo, seguida por las de Santa Marta, Valledupar, Itagüí y Apartadó.

Los inicios del pleito
Recordemos que ante las precarias condiciones que se viven en los centros de reclusión del país, en 2014 los abogados de algunos presos en Cali se unieron para instaurar un par de demandas que tenían un objetivo común: que se reconociera el derecho a la dignidad humana de todos los internos.

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"No están obligados a soportar las condiciones de hacinamiento en las cuales viven dentro de la cárcel del Distrito Judicial de Cali Villahermosa", afirmó el grupo de abogados.

¿Quienes responden?
La decisión condena al Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), al Ministerio de Justicia del Valle del Cauca y a la Alcaldía de Cali, por ser los directos responsables de garantizar el “bienestar” de quienes están privados de la libertad en dicho establecimiento y no cumplir con ello.

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Como medida de “reparación”, los magistrados del tribunal departamental ordenaron que se les pagara una indemnización a todos los reclusos que han pasado por este establecimiento, ya sea en calidad de sindicados o condenados desde el 31 de julio de 2012 a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

Por cada 30 días calendario de detención, le tendrán que pagar a cada recluso un salario mínimo legal diario ($27.604). Pero si lleva más de un año, a partir del mes 13 ese monto se duplicaría.

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Por eso los reclusos más antiguos recibirían más dinero. Sin embargo, el despacho estableció que, en ningún evento, la indemnización podrá superar los 144 salarios mínimos diarios, es decir, $3,5 millones.

Con estas cifras, y teniendo en cuenta la cantidad de reclusos en la cárcel de Cali, la sentencia estima que la indemnización colectiva sumaría $23.849 millones, monto por el que tendrán que responder la Uspec (40 %), el Ministerio de Defensa (30 %), el Inpec (15 %), la Gobernación del Valle (10 % ) y la Alcaldía de Cali (5 % ).

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El dinero debe ser depositado en el “fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos”, administrado por la Defensoría del Pueblo, que tendrá la tarea de pagar a quienes participaron del proceso judicial y a los que reúnan las condiciones fijadas en la sentencia.
La solución a este embrollo 
El Inpec informó que este mes puso en marcha el 'Plan piloto 10.000', que consiste en combatir el hacinamiento carcelario priorizando las 20 cárceles más hacinadas del país desde tres ejes fundamentales: jurídico, operativo e infraestructura.
La idea es trasladar reclusos de los establecimientos más hacinados a otros con mejores condiciones.

Por último, en infraestructura, a corto plazo, la idea es crear 752 cupos en la cárcel de Girón, 608 en Ipiales, 720 en Buga, 124 en Ibagué y 34 en la cárcel de Medellín. A mediano y largo plazo, la idea es incorporar 2.040 cupos en ampliaciones modulares, para internos con detención preventiva; construir una megacárcel en Barranquilla, con 5.000 cupos; otra en Pereira, con 1.500, y una más en Silvia (Cauca), con 500 cupos.
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