La decisión de la Corte Constitucional de eliminar el monopolio del aguardiente en las regiones transformará el mercado y traerá una competencia directa para las licoreras departamentales, incluyendo la Industria de Licores del Valle (ILV).
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, reconoció que el fallo afectará las rentas del departamento, pero lo ve como una oportunidad para fortalecer y modernizar la ILV, con el objetivo de expandirse a otros mercados del país.
Actualmente, la ILV comercializa 10,3 millones de unidades al año, de las cuales 9,8 millones se venden en el Valle. Sin embargo, con la apertura del mercado, aguardientes de otras regiones y marcas extranjeras podrán ingresar sin restricciones, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera de la empresa y el recaudo de impuestos.
Según la directora de Hacienda del Valle, María Victoria Machado, el impacto económico podría ser significativo. "No solo entrarán aguardientes nacionales, sino también extranjeros, lo que podría afectar la venta de las 10 millones de botellas de la ILV y las 120 millones que se comercializan en el país", advirtió.
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La Fábrica de Licores de Antioquia vende 67 millones de unidades al año, mientras que la Industria Licorera de Caldas alcanza los 34 millones y la de Cundinamarca, 9 millones. Con la nueva normativa, estos actores podrán expandirse sin restricciones a todo el país, generando una competencia sin precedentes.
Además, las autoridades han expresado su preocupación por un posible aumento del contrabando de licor, que actualmente representa dos millones de botellas anuales en el Valle del Cauca. Ante este escenario, han solicitado apoyo del Gobierno Nacional para fortalecer los controles.
La gobernadora hizo un llamado a la comunidad para apoyar el aguardiente vallecaucano, con el fin de proteger las rentas departamentales que provienen de los impuestos sobre el licor. Mientras tanto, la ILV prepara una estrategia de modernización y expansión para enfrentar los nuevos desafíos del mercado.
La medida de la Corte entrará en vigencia una vez se haga pública la sentencia, marcando el inicio de una nueva etapa para la industria licorera del país.
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