De acuerdo con el ente acusador, los 18 vehículos estaban obstaculizando el paso en importantes carreteras del país. Además, se utilizaron para otros hechos vandálicos.
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“Se presentaron amenazas a los ciudadanos, para impedir el tránsito por esos lugares, y se produjo el lanzamiento de elementos contundentes, incineración de llantas en la malla vial, obstrucción del transporte de complementos alimentarios para familias de escasos recursos y de elementos destinados a centros hospitalarios”, indicó Luz Ángela Bahamón, destinada para las finanzas criminales.
Añadiendo que “los bloqueos generaron directas afectaciones a derechos tanto del orden individual como colectivo, al no permitir el paso de alimentos, suministros médicos y otros elementos necesarios para la comunidad, y derivaron perjuicios económicos a personas naturales y jurídicas”.
Por las razones anteriores “se declaró extinguido el dominio sobre los bienes que se utilizaron como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas”.
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Tras operativos la Fiscalía obtuvo pruebas que permitieron identificar a los titulares de los vehículos, establecer sus lugares de residencia, entre otros datos.
Esta medida se toma sustentada en el artículo 58 de la Constitución Política. También porque los dueños de los vehículos no adoptaron medidas para controlar la destinación de esos activos e impedir que se emplearan en los hechos.
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