El presidente de la República, Iván Duque, se pronunció frente al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, entregado en la mañana de este miércoles en Washington, Estados Unidos.
Según el mandatario nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con los actos de criminalidad. Sin embargo, reiteró el compromiso de Colombia con la protección de la protesta pacífica.
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“Yo creo que aquí tenemos que ser claros. Primero nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Nosotros hemos sido un gobierno que, como se lo expresamos a la CIDH, somos tolerantes de la protesta pacífica como una expresión de la ciudadanía, pero los actos de vandalismo de terrorismo urbano de baja intensidad”, dijo el mandatario.
Además insistió en que los bloqueos que atentan contra los derechos de los ciudadanos se enfrentan con la Constitución.
Los bloqueos han atentado contra los derechos colectivos; vimos niños morir en ambulancias, ciudades desabastecidas, personas perder el empleo por cuenta de esos bloqueos que están condenados claramente y seguiremos defendiendo el código penal para la protección de todos los ciudadanos”.
Duque, además se refirió a la recomendación de la CIDH para que la Policía se traslade del Ministerio de Defensa al Ministerio del interior.
Dijo “este no es un tema de capricho, desde prácticamente el segundo gobierno de Alberto Lleras Colombia ha mantenido esa estructura de manera estable corrigiendo que mientras la Policía estaba en el Ministerio de Gobierno se politizó y eso llevó a grandes brotes de violencia”.
El mandatario insistió en que la Policía tiene por constitución una naturaleza Civil y que hace parte del Ministerio de Defensa para coordinarse con otras fuerzas.
Agregó que, al reconocer el derecho a la protesta pacífica, enfrentan con "cero tolerancia" cualquier abuso que se cometa desde la fuerza pública.
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La Cancillería publicó un documento en el que responde a las recomendaciones del informe. El documento reitera el compromiso del Estado Colombiano con la defensa de los Derechos Humanos y agradece la visita del organismo al territorio de Colombia.
Sin embargo, rechaza el anuncio de la CIDH de crear un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia”.
Según el gobierno, el Estado cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, que no necesita mecanismos de seguimiento.
Además reitera que no es posible separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa pues “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil”. Con esto, explica, la preocupación de la Comisión acerca del enfoque militar resulta ajena al contenido sustantivo y orgánico de nuestra Carta Política.
La Cancillería se mostró preocupada por la sugerencia de la CIDH del presunto uso de fuerza contra población específicas y la estigmatización estructural.
Ante esto, recordó que Colombia "garantiza en su marco jurídico y en sus políticas públicas la protección de los derechos de grupos étnicos, población LGBTI y personas en estado de vulnerabilidad".
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Por lo que, agrega, "no puede haber ni ha habido ningún tipo de tolerancia frente a la violencia contra estas poblaciones". Los casos que hayan sucedido son materia de investigación, afirmó.
También negó que la figura de traslado por protección se haya hecho de manera equivocada y que de existir un caso se investigará "con celeridad y contundencia".
Insistimos en que la figura de los traslados de protección es legítima, está dirigida a proteger a los ciudadanos que se encuentren en riesgo, y como está concebida normativamente y como lo definen los protocolos, no hay lugar a que se utilice para desapariciones y tratos crueles o inhumanos”, indica el documento.
Por otro lado, la Cancillería indicó que las cifras que presentó al CIDH sobre el paro nacional "carecen de contrastación" e incluso no tiene fuentes de donde se obtuvieron.
"Sumado a ello, llama la atención que se toman como ciertas las afirmaciones de algunas organizaciones, mientras en otros casos, se pone en duda la información entregada, especialmente por las víctimas de los bloqueos”, cuestionó.
Agrega que “es supremamente delicado que la Comisión sugiera que autoridades impidieron deliberadamente el paso de misiones médicas y ambulancias. El Estado no tiene conocimiento formal, y en caso de comprobarse”.
Además reitera que los bloqueos son ilegales y difiere de lo dicho por la CIDH que estos “constituyan en general una forma legítima de manifestación”.
Con información de Colprensa
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